Lunes 26 de Diciembre de 2016. DURAS CRÍTICAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS ANTE LOS PAROS JUDICIALES. Ante la reiteración de las medidas de fuerza llevadas a cabo por la Asociación Judicial Bonaerense y el reciente anuncio de un nuevo cese de actividades para los días 27, 28 y 29 próximos, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires reiteró la petición para que las máximas autoridades políticas y judiciales de la provincia pongan fin al conflicto y garanticen la prestación del servicio de justicia. En ese sentido, desde la colegiación de abogados pidieron racionalidad y diálogo en estos momentos, y exhortaron a que el gremio judicial revise una decisión que sólo termina perjudicando a los propios justiciables.   "Acá con estas medidas, entre las fiestas, próximo al inicio de la feria judicial, terminan pagando otros trabajadores que no pueden obtener el cobro de indemnizaciones judiciales, sufren los menores que se ven privados de las cuotas alimentarias, las víctimas de accidentes de tránsito que no perciben en tiempo y forma su resarcimiento, entre tantos ciudadanos bonaerenses que ven resentido el constitucional y elemental derecho de acceder a la justicia", refirieron los representantes de los abogados. "Somos respetuosos del derecho de huelga, pero no puede ser a un costo salvaje y donde se termine perjudicando de tal manera a otros derechos también con jerarquía en la propia constitución.   Es difícil justificar lo gravoso de una medida en estas fechas, donde parece más que hay intención de adelantar vacaciones que realmente de buscar una mejora salarial para los meses venideros", agregaron. Por lo demás, el Colegio de Abogados exigió nuevamente a la Suprema Corte de Justicia que dé cumplimento con la resolución que pone en cabeza de los magistrados y funcionarios la atención de todo tipo de trámites los días de paro y pidió una urgente reunión con el Presidente del Alto Tribunal y con la propia Gobernadora Vidal para que esta última brinde solución definitiva a estos casos en los cuales el empleador es el propio Estado provincial, dando cumplimiento al artículo 39 inciso 4 de la Constitución de la Provincia que prevé la convocatoria a un organismo imparcial que sustancie estos casos de conflictos con gremios estatales.