Se verifica en el señalado pronunciamiento una demasía inaceptable, en cuanto desorbita las funciones de los jueces arrogarse potestades asignadas a los otros poderes del Estado, mediante argumentos basados en un supuesto temor a decidir conforme a la ley, cuando en realidad subyace claramente la voluntad de derogar por vía judicial la totalidad del sistema protectorio de la retribución de los abogados de la provincia.

   No está aquí en juego ni la independencia judicial ni la facultad de interpretar las normas con criterios de razonabilidad como se alega en la sentencia, sino el evidente intento de inaplicar –en forma permanente- cualquier norma arancelaria.

   Ningún juez puede alegar “temor” de aplicar las leyes emanadas de los representantes del Pueblo.

   Menos aún sostenerlo mediantes sofismas que encubren intenciones que no se exteriorizan pero están muy claras.

   Esta lamentable decisión –con reclamo salarial incluido- constituye una nueva demostración de que resulta imprescindible llevar a cabo profundas reformas al sistema judicial de nuestra Provincia, que permitan que el Pueblo tenga una Justicia confiable, que aplique la ley dentro del marco de discrecionalidad que ésta impone y con la efectividad tantas veces reclamada.

   Las instituciones de la colegiación de los abogados bonaerenses promoverán las acciones que sean pertinentes, sin que pueda caber duda alguna acerca de la voluntad colectiva de defender un sistema que se basa en la justicia, la razonabilidad económica, la dignidad y el respeto al trabajo profesional. También se instarán los mecanismos para que se haga efectiva la responsabilidad política de los jueces involucrados.

Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires