FUE APROBADA LA NUEVA LEY DE HONORARIOS PROFESIONALES

01.09 | General

La nueva ley de honorarios profesionales sancionada hoy por la Cámara de Diputados constituye no solo su readecuación a la realidad, sino que resignifica su naturaleza, hace a la seguridad jurídica y dignifica el ejercicio de la profesión de Abogado. Basada en una aspiración legítima y necesaria en razón de su relevante papel en la marcha de la administración de justicia.

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul participó activamente a través de COLPROBA para alcanzar este importante logro que modifica el decreto ley 8904/77 de la dictadura  militar, que aún se encontraba vigente y  se había convertido en un anacronismo que perjudicaba a los abogados y consecuentemente a la Caja de Previsión Social para Abogados y Procuradores que se ha visto gravemente desfinanciada, con el natural impacto hacia el futuro.

En declaraciones a Diario “El Día”, el diputado Maximiliano Abad festejó la sanción porque "se tuvieron en cuenta las necesidades actuales, después de las variaciones sociales, tecnológicas y económicas sufridas durante todos estos años". 

También destacó "el trabajo realizado por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires" en cuanto a que "recogieron la experiencia jurisprudencial y práctica de los abogados durante estos 38 años". 

 

La norma  establece algunos  conceptos que forman su columna vertebral:

  • Se establece legislativamente la naturaleza alimentaria de los honorarios profesionales.
  • Se ratifica  el  carácter de orden público de los mínimos arancelarios
  • Se puntualiza  la autonomía de la provincia de Buenos Aires en esta materia, que fuera soslayada y menoscabada a principios de la década del 90.
  • Se señala que el abogado es un actor indispensable para el adecuado servicio de justicia.
  • Los honorarios serán a partir de ahora regulados en la moneda IUS a fin de evitar las distorsiones provocadas por la inflación.
  • El IUS arancelario se calculará sobre la totalidad de los conceptos  que integran la real remuneración percibida por un juez de Primera Instancia con quince años de antigüedad.
  • Se modifica el sistema de pactos y convenios alcanzando ahora a materias antes excluidas.
  • Se incorporan aranceles a materias antes no reguladas propias del Derecho de Familia vigente, el proceso Penal y el Contencioso Administrativo.
  • Se agilizan los sistemas de notificaciones y se clarifican las cuestiones atinentes a la mora y a los intereses moratorios.
  • Se sanciona con nulidad los autos regulatorios que no se funden  circunstanciadamente en las normas de la ley, de modo  que las resoluciones sean debidamente motivadas como manda la Constitución.
  • Se limita la discrecionalidad judicial en la creación de bases regulatorias alejadas de los reales intereses económicos debatidos y los montos en juego.
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